El saldo del cambio

QUINTANA ROO, México.- A casi un año del arranque del primer gobierno de alternancia en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González se alista a rendir su Primer Informe de Gobierno, donde entregará el balance de lo logrado hasta ahora, pero en el que también tendrá que exponer los retos que enfrenta el estado en materia política, económica y social, en el futuro inmediato, así como las acciones propuestas para atender esas áreas flojas.

Los saldos del gobierno del cambio, hasta el momento, están en números negros, pues a pesar de las dificultades presentadas durante el arranque de la nueva administración capitaneada por Carlos Joaquín, y algunos yerros de su equipo de trabajo, se han rendido buenas cuentas en temas sensibles, aunque la sociedad aún reclama una mejoría sustancial en diversas áreas.

El esfuerzo ha sido titánico, ya que el gobernador se encontró con instituciones destrozadas en lo administrativo y financiero, una situación política adversa producto de la polarizada campaña de 2016, y una desesperación social sin precedentes que puso bajo presión al nuevo gobierno desde el día uno.

Con parsimoniosos movimientos en el tablero, poco a poco el menor de la dinastía de los Joaquín empezó a dominar el juego, y tras un primer trimestre caótico y estresante logró imponer su estilo, abriendo la puerta a la gobernabilidad y dando pasos firmes en la concreción de su plan de trabajo y en la consolidación de su mandato.

El principal logro de su gobierno hasta el momento ha sido la atención al reclamo de justicia de los quintanarroenses al lograr la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo, recluido en una prisión de Panamá y actualmente en proceso de extradición.

No es cosa menor. Carlos Joaquín estaba consciente de que llevar a Borge ante la justicia fue la exigencia más clara de los votantes que lo llevaron al poder, y que para legitimarse en el cargo era necesario cumplir con la promesa de someterlo a juicio para que rinda cuentas.

Durante la primera etapa de su gobierno recibió duras críticas por la aparente lentitud de los procesos judiciales, lo que empezaba a permear negativamente en el ánimo social contra el autodenominado gobierno del cambio, ya que en otros estados como Veracruz y Chihuahua los gobiernos de alternancia propinaron rápidas estocadas contra sus voraces antecesores, superando en la recta inicial al gobierno quintanarroense.

Carlos Joaquín mantuvo siempre la misma postura, de que el armado de expedientes se estaba realizando con todo cuidado para evitar la posibilidad de que los implicados evadan la justicia por un tecnicismo.

La detención de Borge, quien pretendía huir a París vía Panamá, fue la consagración de ese esfuerzo y quizá la acción más importante para darle fuerza al gobierno joaquinista, que aún tiene en las manos los calientes expedientes de una docena de ex funcionarios con cuentas pendientes.

También tiene que trabajar el gobierno en la prometida reparación del daño cometido contra el patrimonio estatal, tema donde los logros aún son nimios, pero el primer paso ya se ha dado.

Otro de los principales logros positivos de la administración de Carlos Joaquín es la mejoría notable en la administración financiera, gracias a una disciplina severa en el manejo de los recursos desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, dirigida por uno de los hombres fuertes del gobernador: Juan Vergara Fernández.

Para lograr tomar las riendas de las finanzas se tomaron decisiones difíciles y condimentadas de polémica, como la reestructuración de la deuda pública estatal con una renegociación que muchos interpretaron como nueva deuda, al incrementarse el plazo y la cantidad total a pagar.

Pero este movimiento fue necesario para brindar margen de maniobra al gobierno del estado, logrando abatir el alto porcentaje de interés que se pagaba a una tasa más manejable y a un plazo más largo; con esto el gobierno joaquinista logró un ahorro de unos mil millones de pesos al año, según cifras ofrecidas por el titular de Finanzas, lo cual brinda liquidez para la inversión en obra pública y atención a grupos vulnerables.

En menos de un año se escaló varias posiciones en el ranking nacional en materia de transparencia financiera, se redujo considerablemente el gasto corriente del gobierno, y se han empezado a pagar las masivas deudas con proveedores, así como el pago a empresas financieras e hipotecarias que no recibieron el pago de las retenciones realizadas a los trabajadores durante la última etapa del gobierno borgista.

En el primer caso, el tesorero del estado, Edgardo Díaz Aguilar, anticipó que en lo que resta de 2018 esperan cubrir todos los adeudos con empresarios locales que heredó el anterior gobierno, por un monto cercano a los mil 800 millones de pesos.

En cuanto a los más de 600 millones que se adeudan en pagos de trabajadores a terceros, las diversas dependencias donde existe este problema están negociando convenios con las financieras implicadas, a fin de liquidar los pasivos en un lapso de un año.

En materia político administrativa, en este primer año Joaquín González concretó la reestructuración de los entes de gobierno con apuestas interesantes, como la creación de los Institutos de Cultura, de la Juventud, y para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, además del nacimiento de la Agencia de Proyectos Estratégicos, en sustitución del extinto IPAE.

En esta reingeniería, que nada tiene que ver en su concepto por la aplicada en el 2013 durante el gobierno de Borge, se ampliaron facultades de algunas dependencias y se cambió el enfoque de trabajo, lo que en el proyecto del gobernador es allanar el camino para echar a andar su plan de gobierno.

LOS NÚMEROS ROJOS

Pero el primer año del gobierno de alternancia no ha sido un paseo por el campo en un día soleado, y en el balance también aparecen grandes tareas pendientes cuya atención, hasta el momento, no ha sido la idónea. Estos aspectos representan pasivos para el actual gobierno, e imponen desafíos inmediatos.

La inseguridad, el nulo desarrollo económico en el sur y centro de la entidad, y la falta de resultados de algunos miembros del gabinete, constituyen los temas más incómodos para el gobierno joaquinista y concentran la preocupación del grueso de los quintanarroenses.

De los tres, el que más ha afectado por la virulencia desatada sobre todo en la zona norte de la entidad es el flagelo del crimen organizado, que está marcando récord en ejecuciones en lo que va del 2017 ante la imposibilidad de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno de contener el embate.

Para Carlos Joaquín la inseguridad es el principal reto a superar, y ha demostrado que está en lo más alto de su lista de prioridades, logrando coordinar acciones con la federación y municipios que, sin embargo, han sido insuficientes.

A las puertas de su Primer Informe el gobernador ha anunciado que están cocinando un nuevo plan de seguridad para los municipios con una importante inversión en tecnología y equipo, cuyos resultados aún están por verse.

Por el momento, Quintana Roo se ubica dentro del “top ten” nacional en ejecuciones, robos y violaciones, lo cual perjudica su imagen como destino turístico de talla mundial.

Y aunque hasta el momento no ha hecho mella en el número de visitantes que recibe nuestra entidad, la preocupación reina entre empresarios, inversionistas y miembros de la sociedad civil, que temen que la escalada de violencia atente contra el motor económico del estado: el turismo.

Otra de las grandes deudas del cambio es la promesa incumplida del desarrollo económico en la zona sur de la entidad, que sigue sumida en una crisis brutal que mantiene en el estancamiento la inversión y el empleo.

Chetumal, la capital quintanarroense, fue clave en el triunfo de Carlos Joaquín, por lo que el gobernador desde el principio prometió trabajar en dignificar a la capital y promover un nuevo dinamismo en su economía, lo que no se ha logrado.

Ahora, con la reestructuración gubernamental concretada y andando, y con la experiencia que da el tiempo en el cargo, se espera que el gobernador utilice la plataforma de su informe gubernamental para anunciar acciones destinadas a detonar la economía sureña, ya que la desesperación empieza a ser evidente entre los capitalinos.

También se esperan los primeros movimientos de piezas en el gabinete, ya que algunos colaboradores de su primer y segundo círculo han quedado mucho a deber, provocando problemas innecesarios en sus dependencias.

Entre los funcionarios más cuestionados por su falta de resultados están Jorge Portilla Manica, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, donde el tema Uber-taxistas se le ha congestionado, al igual que varias obras de importancia, como el Museo del Mestizaje de Chetumal (Megaescultura); Alejandra Aguirre Crespo, de la Secretaría de Salud; Marisol Alamilla Betancourt, de la Secretaría de Educación; Rosa Elena Lozano Vázquez, de la Secretaría de Desarrollo Económico, que en nada ha contribuido a su razón de ser, ya que los propios funcionarios ahogan a los emprendedores con prácticas de corrupción como el tradicional “diezmo”; y Antonio López Pinzón, cuestionadísimo director del Deporte.

Todos ellos, en menor o mayor medida, han sido reprobados por la sociedad, lo que resta puntos en la calificación total del gobierno del cambio, por lo que se esperan ajustes en esas posiciones clave para dar el rumbo que el gobierno requiere.

El punto de inflexión será el primer informe, programado para el próximo 9 de septiembre.