No más dudas en caso Uber

EN ÓRBITA
Marcelo Salinas
@msalinas21

Durante la semana pasada se desarrolló un debate como pocos en Quintana Roo: la entrada de Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte, ahora condicionada. Los cambios a la Ley de Movilidad, aplicados por los diputados locales, fueron replicados en redes sociales, medios de comunicación y espacios de diálogo, donde se fijó postura.

El Periódico Oficial del Estado ya publicó la nueva ley, por lo que conviene aclarar algunos aspectos, ya que las dudas y tergiversaciones cundieron tras tantas discusiones. Además de ello, en un periodo vacacional y con elecciones recientes, era lógica tal confusión.

En primer lugar, ya no hay vuelta atrás: por más reclamos de los altos directivos de las empresas en cuestión, así como berrinches de líderes de grupos de presión (como sindicatos), la normatividad debe acatarse como está; es decir, que las plataformas deberán contar con una concesión estatal para operar, de lo contrario será imposible.

En segundo lugar: ya podrán entrar al mercado, lo que antes era improbable por disposición legal, aunque deberán atenerse a lo que le conviene a una mayoría y no a ciertos gremios de ese ámbito. Que se entienda: hubiese sido ilógico, que al tratar de poner orden en la materia, se les concediera manga ancha a los interesados para que entraran ganando a destajo.

En tercer lugar, se ha perdido de vista la creación del Instituto de Movilidad, como un organismo público descentralizado, el cual será el responsable de planear, diseñar, ejecutar, evaluar y monitorear la política. Así, deberán acabarse las ocurrencias y las medidas al vapor que han fomentado el caos en nuestras ciudades.

En cuarto lugar: si los de Uber se someten a dichas circunstancias, no sólo habrá legalidad, sino también equidad y competencia, tres conceptos antes inexistentes y que hoy cobran sentido en el contexto de los nuevos acuerdos.

Esta última visión, emanada del Ejecutivo representado por el gobernador Carlos Joaquín, quien fue el impulsor, la aprobó el Poder Legislativo y está sustentada por tribunales, tanto locales como federales (e inclusive internacionales), lo que brinda certeza jurídica aun cuando algunos intentan desacreditar los procedimientos.

Lo que hace daño es la perversidad de la desinformación, en busca de minar los consensos en una época de apertura y pluralidad, mejor que la de antes, cuando las negociaciones se finiquitaban entre cuatro paredes.

No nos extraviemos: que todos acaten las reglas, pero sobre todo, que se respete la ley.