El peso de la deuda

EN ÓRBITA
Marcelo Salinas
@msalinas21

 La administración 2008-2011 de Gregorio Sánchez Martínez recibió una deuda pública que ascendía a 540 millones de pesos y cerró con una de mil 400 millones de pesos. En menos de tres años, significó un incremento superior a 250%. Es documentación oficial del Ayuntamiento y de Banobras en torno a dos créditos contraídos.

Para algunos, su gobierno estuvo marcado por una supuesta opacidad por lo que la justicia actuó en su momento contra él. Es cierto que en aquel también trienio hubo avances, aunque se critica desde entonces la aparente falta de transparencia.

El lastre reflota por enésima ocasión debido a que el pasado martes 4 el Cabildo de Benito Juárez aprobó por mayoría el refinanciamiento de su deuda, con la excepción de dos regidores: una fue Niurka Sáliva, esposa de Greg. Casualidad o causalidad, son los polos del debate.

Por lo mismo, cabe preguntar: ¿Qué se busca con el refinanciamiento? Fuentes diversas del Ayuntamiento opinan que se trata de optimizar las condiciones de tasa y plazo bajo las cuales se encuentra contratada la deuda para permitir la liberación de un monto comprometido a su pago.

¿Qué puede lograrse? No sólo adecuar el perfil de la deuda disminuyendo la sobretasa de interés y aumentando el plazo promedio de 11 a 15 años, sino generar, por obvias razones, un ahorro estimado en 250 millones de pesos, de los cuales 120 millones se tendrían durante la administración de Mara Lezama.

A ello se suma la liberación de las garantías de los créditos actuales; la disminución del porcentaje de participaciones comprometidas al pago, pasando del 100% en que se encuentran a un porcentaje menor al 50%; desatorar los recursos correspondientes al 70% de los ingresos provenientes del cobro de derecho por el uso de la Zona Federal Marítima, y mejorar la perspectiva de calificación gracias a tal reingeniería financiera. 

De la propuesta principal se deduce que, al refinanciar, no se está contratando un nuevo endeudamiento, sino reformando las condiciones en las que fue adquirida, lo cual, sin lugar a dudas, afecta las operaciones de cualquier gobierno.

No es un tema nuevo. Las autoridades más recientes se han comprometido a no endeudar (igual las de ahora), pero sí han lamentado la herencia nefasta dejada hace ocho años. Lo que sigue es supervisar el convenio, la aplicación y el destino del dinero.

Urge una solución pronta, sin sacrificar los bolsillos de los habitantes. Eso es definitivo.