PIDEN ABOGADOS INVESTIGAR CORRUPCIÓN EN FGE Y JUZGADOS

* Estos actos causan detrimento en la impartición de justicia, señalan

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - La Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C presentó un oficio de queja ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJE), a través del cual, refieren sobre irregularidades encontradas en la impartición de justicia en ambas representaciones del Poder Judicial y exigen se investigue.

En el escrito dirigido al Doctor Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado, y al maestro Heiden José Cebada Rivas, Magistrado Presidente del TSJE señalan que actualmente existe una preocupación de la sociedad por la falta de certeza y seguridad jurídica en Quintana Roo en materia de procuración e impartición de justicia, ya que han recibido quejas y señalamientos de los ciudadanos de que la Fiscalía General de Estado y jueces están coludidos para seguir con viejas prácticas de corrupción.

“La Fiscalía General del Estado sigue plagada de errores, excesos, arbitrariedades e ilegalidades, provocadas por directores y coordinadores, porque abusaron y siguen abusando de sus funciones, permitiendo que los agentes del Ministerio Público, en coparticipación con algunos jueces, están realizando un sinfín de actividades contrarias al debido proceso”, señala el oficio.

En conferencia de prensa, celebrada ayer miércoles, Leopoldo Cruz Navarro, presidente de esta organización de profesionistas, que agrupa a un importante colectivo de abogados litigantes, acompañado de los licenciados, Wendy Elizabeth Flores Salas y Javier de Anda Morales, y el ciudadano Sebastián Balam Campos, expuso los detalles de estas irregularidades.

El presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya afirma que se siguen dando actos de corrupción, aun cuando se dio el relevo en la Fiscalía, asumiendo la posición de Fiscal General, Raciel López Salazar.

Cruz Navarro ejemplificó situaciones como las que ocurren en un hecho de tránsito, -aunque por Ley, ya no es necesario el encarcelamiento, mientras que se acredite el arraigo del inculpado o inculpada-, pero para dar cumplimiento a la liberación, los empleados de la Fiscalía, les están pidiendo de 15 mil a 30 mil pesos a los presuntos responsables y si no los pagan, les pueden retener hasta 48 horas.

Expuso que en el mencionado escrito señalan la forma de proceder de los funcionarios, sobre todo en la revictimización de las mujeres afectadas en carpetas judiciales de cualquier tipo de violencia, así como la dilación en la asignación de fechas de las audiencias, y lo que es peor, para desahogar las actuaciones que se requieren, así también, en el caso de aseguramientos de bienes muebles, ya que, para devolverlos piden dinero.

También señalan la afectación que se está causando a las mujeres víctimas de violencia, con la forma de proceder del personal del Centro de Justicia de la Mujer, en donde sólo les “dan vueltas” a las carpetas de investigación para cansar a las víctimas, mismas carpetas que son iniciadas, pero por falta de integración no son judicializadas.

Tampoco funciona la Casa de Emergencia, porque según dicen, los que están a cargo que no tienen personal y se niegan a darle resguardo a la víctima de violencia intrafamiliar, obligándola a regresar al sitio en donde fue violentada.

Por este motivo, el ciudadano Sebastián Balam Campos relató ante los medios de comunicación el calvario que ha vivido a lo largo de dos años en la carpeta de investigación por estupro y corrupción de menores, en la que su hija es la víctima, ya que al fijar fecha de audiencia para el desahogo de pruebas o demás, éstas tardan varios meses, lo que evita que la justicia sea pronta y expedita.

Al señalar que es necesario que el Fiscal General de Justicia y al Magistrado Presidente, como titular del Poder Judicial, soliciten a sus áreas de estadísticas el número de carpetas de investigación y de carpetas administrativas, los abogados de la Riviera Maya exigen que se investiguen las razones del por qué ocurren estas situaciones, ya que tienen evidencia de que el personal de estas instancias también carecen de elementos necesarios para evitar la corrupción, ya que les hace falta capacitación, personal, buenos sueldos y respuesta a sus necesidades operativas.

Indica el escrito que los números estadísticos, permitirán que verifiquen la cantidad de ocasiones en que se difieren las audiencias, las excusas por las que fueron diferidas, el tipo de justificantes que presentan los Ministerios Públicos, e incluso los jueces, ya que precisamente los jueces no imponen medidas de apremio a las partes que no comparecen de forma justificada, pero incluso, al parecer están coludidos porque muchas veces presentan oficios de último momento para justificar la inasistencia.

“Existen asuntos en donde una audiencia se ha diferido en más de seis ocasiones, sin que se les impongan medidas de apremio”, resalta.

Explican que en las audiencias de suspensión condicional incurren irregularidades provocadas por ausencia de los Fiscales, ya que, según comentarios del personal, los Fiscales y Jueces se ponen de acuerdo para que el juez no ponga medidas de apremio a los fiscales, provocando o solicitando que los abogados litigantes tengan que darles un incentivo económico para presentarse.

“O también se ponen de acuerdo para vincular a proceso al imputado o probable responsable, no importando lo que hagan los abogados defensores en la audiencia”, precisa el documento.