SE PRONUNCIAN PARTICIPANTES EN FORO A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

SE PRONUNCIAN PARTICIPANTES EN FORO A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

CANCÚN, Q. ROO, 6 de agosto de 2024.- Entre opiniones encontradas, cuestionamientos sobre si viabilidad y severas críticas en cuanto a la intención de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo ayer una mesa de diálogo, a la que fueron convocados, senadores, diputados, presidentes de diversas barras y colegios de abogados, asociaciones civiles, así como docentes y directivos de distintas universidades del estado.

Los panelistas coincidieron en señalar que en México debe existir una independencia judicial para favorecer la democracia y al estado de derecho. 

En este contexto, el Licenciado Emanuel Portillo Arias, Secretario del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, consideró que es esencial la independencia judicial, porque sin ella, atributos elementales, como la separación de poderes, la voluntad soberana expresada por autoridades elegidas por los ciudadanos, el régimen de derecho, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, la proscripción de la arbitrariedad, la igualdad y la libertad, serian meras afirmaciones hipotéticas, desprovistas de contenido”.

Agregó que “la independencia judicial no es una teoría formal ni una expresión aparente, es una garantía ineludible que tenemos todos los ciudadanos de un país, es la situación en que se encuentra cada persona juzgadora en el momento de ejercer su función, en orden de hacerlo únicamente basado en los hechos del caso y la ley”. 

La independencia judicial, continuó, es lo que hace posible que vivamos en forma pacífica. Los jueces son el último coto, el último bastión de la voluntad democrática, el último espacio para solucionar civilizadamente los conflictos. 

Los juzgadores lidian con voces pronunciadas por actores sociales relevantes, con las personas, y no solamente con la ley. La voz de la víctima, del imputado, del deudor, la palabra del trabajador, del empleador, del fiscal o del defensor, conforman expresiones que siempre son consideradas en su decisión, apuntó.

Mencionó que “en los últimos tiempos han surgido publicaciones de redes sociales, mensajes por los medios de comunicación, y en ocasiones, grupos de personas fastidiadas, enfadadas, estimuladas quizás por los deseos de venganza o movidas por instintos y emociones todavía sin procesar”.

Estas posiciones, en ocasiones revelan opiniones y sentires valiosos y comprensibles, y su expresión y crítica que llevan aparejadas, son esperables en un Estado de Derecho; todo forma parte de un sistema democrático, en el que sus instituciones rinden cuenta permanentemente, pero de ningún modo constituyen una presión ilegítima a la decisión del juez, no pueden condicionar la deliberación ni la sentencia”. 

Sucumbir a esa presión externa, de esas variadas voces, que de una u otra manera, tienen más poder –la mayoría de veces-, constituiría un fracaso de nuestro sistema jurídico y de nuestra civilización, por lo que lo único que hace posible que las reglas, los procedimientos, las garantías y los derechos humanos se respeten, es una judicatura independiente; no independiente de la ley, en ningún caso, sino independiente de intereses particulares o políticos, por muy masivos y numerosos que sean, enfatizó. 

Asimismo, dijo que esa garantía de independencia, más que una seguridad para el juez, lo es para todo ciudadano que se vea involucrado en un procedimiento judicial. 

Y es que la justicia, añadió, no es una gracia, no es un hecho del mundo, no es un evento natural. La justicia es producto de siglos de perfeccionamiento y desarrollo de los sistemas jurídicos. Es una ganancia no siempre visible de la civilización, y para que la justicia sea preservada, debe ser cuidada y respetada, protegida y alimentada, lo cual no implica que la sociedad, que la opinión pública no discuta, reflexione y formule críticas sobre el razonamiento del juez o sobre las decisiones judiciales, pues pueden contribuir precisamente a robustecer la calidad de la justicia y de la democracia. 

Asistieron a esta mesa de diálogo, el Licenciado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, el Licenciado Orlando Camacho, coordinador Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, y presidente de la Fundación México S.O.S., el empresario radiofónico, Licenciado Gastón Alegre López; el Licenciado Adolfo Banuet, director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Cancún, y Julieta Vargas Laguna, delegada en Quintana Roo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados (CONCAAM), A.C., entre otros