Ministros de la SCJN rechazan limitar la libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestó en contra de limitar la libertad de expresión y avanzó en el análisis del estudio de las acciones de inconstitucionalidad, 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, que impugnan la invalidez de diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política en materia de derecho de réplica.

“Si fuera posible responder a todas las opiniones o críticas que se plantean en un medio de comunicación, más allá de las informaciones falsas y agraviantes, se desvirtuaría la dirección editorial de columnistas y periodistas, ya que se verían obligados a conceder todos los pedidos de respuesta o réplica que recibieran en función de un elemento tan subjetivo como sentirse agraviado, ofendido o vejado”, aseveró el ministro José Ramón Cossío Díaz.

Al fijar su posición, Cossío Díaz indicó que el derecho de réplica debe ser concebido e integrado a partir del artículo 6º de la Constitución así como de los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como un derecho complementario y no contrario, en ningún caso, al derecho de libertad de expresión.

“Por lo mismo, al configurarse por legislación, debe buscarse conseguir la máxima satisfacción de este derecho y no su restricción, pues solo así se le da sentido al artículo 1º constitucional”, refirió el ministro.

En la sesión, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán hizo la presentación del primer tema de fondo de su proyecto, en el que propone la invalidez, entre otros, de las porciones normativas de la ley de la materia, que limitan el ejercicio del derecho de réplica a la información “falsa o inexacta”.

No obstante, hasta el momento, seis de los ministros se pronunciaron en contra del proyecto, al estimar que es constitucional y convencional el texto aludido, sin que los requisitos que establece para el acceso al derecho de réplica sean excesivos.

Al respecto, Medina Mora se manifestó en favor de la invalidez, incluso de toda la fracción II del artículo 2º de la ley, donde se contiene la definición del derecho de réplica, a efecto de que el Congreso de la Unión legisle nuevamente en este punto.

Así, la mayoría de ministros del máximo tribunal se pronunció porque el derecho de réplica no debe ser entendido como mecanismo reparador de agravios, sino como un mecanismo de tutela al equilibrio informativo, que requiere necesariamente que los datos o hechos falten a la verdad, o que por su origen, su forma de presentación o su ubicación, en los espacios dispuestos en un medio de comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a conclusiones equívocas o incompletas, al haberse presentado de manera selectiva u omitido información relevante.

En ese sentido, coincidieron, que el derecho de réplica solamente puede ejercerse frente a datos y hechos y no frente a opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando las mismas puedan resultar ofensivas, chocantes o vejatorias.

Por lo mismo y con independencia del ejercicio de las acciones civiles y penales que la población tiene expeditas y garantizadas, lo anterior silenciaria voces y se domesticaría indebidamente el debate nacional.

Y es que el proyecto, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán hace una interpretación para que las réplicas solo procedan cuando la información sea falsa o inexacta o agraviante, entendiendo agraviante cuando en las notas de hechos se usan palabras que injurien, humillen o vejen.

En la sesión del próximo jueves se continuará con el análisis de este asunto, en la que se habrán de escuchar las posturas de los ministros Pardo Rebolledo, Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales y la del propio ponente, Alberto Pérez Dayán, a continuación de lo cual se daría la votación correspondiente a este agravio, para dar lugar al análisis y discusión del resto del proyecto.