Por una prensa sin “bozal”

EN ÓRBITA 

Desde hace ocho años Quintana Roo es considerado uno de los peores para ejercer el periodismo. De acuerdo con “Artículo 19”, de 2009 a junio de 2016 se ha mantenido en el quinto lugar nacional en agresiones a periodistas, con 90 casos, 18 registradas en 2015.

El dato fue proporcionado durante un foro el miércoles en Cancún por la organización internacional independiente de derechos humanos, que enfatizó la necesidad de generar condiciones para revertir “un asunto pendiente y urgente”.

Sus representantes, y periodistas asistentes, expusieron los motivos por los cuales no se avanza: leyes que inhiben la libertad de prensa y de manifestación pública; recursos en publicidad oficial que funcionan como mecanismo de censura indirecta y de control; restricciones de acceso a la información pública, así como agresiones contra quienes se desempeñan en la profesión.  

En el encuentro se pidió a la administración del gobernador Carlos Joaquín González tomar acciones para acabar con la represión y censura, además de garantizar la libertad de expresión, con un entorno tanto legal como administrativo que facilite el acceso a los datos públicos, un derecho que ha sido evidentemente regateado desde hace tiempo.

La divulgación de este informe y la solicitud insistente a los gobiernos caen en inmejorable momento, no sólo por el inicio de los ciclos, cuando pueden propiciar un ambiente óptimo, sino por los antecedentes que no son tan diferentes a lo padecido por ciertos comunicadores.

Porque desde el arranque de las administraciones (las municipales y del estado) han sido difundidos abusos y agresiones contra reporteros aun cuando los actuales servidores públicos siguen prometiendo respeto, en un marco de nuevas reglas, cuyos pilares principales serían la no represalia y la no coacción.

Pero la incertidumbre persiste cuando en este contexto se difunden jaloneos en coberturas informativas, algunos acusan limitaciones en los espacios oficiales, una es atacada con gas lacrimógeno y otros denuncian ante Derechos Humanos trato denigrante. Esto último en Cozumel, donde se quejan de uno de los gobiernos “del cambio”, enciende las alarmas. Es decir, las cosas no estarían cambiando.

Pese a ello se dio un indicio de esperanza. Hace unos días, cuando el gobernador asistió a la toma de protesta de la Delegación Quintana Roo de la Asociación Nacional de Locutores, sostuvo que “debemos estar convencidos que la libertad de expresión es un indicador importantísimo en una democracia saludable, ya que cuando se avanza en el respeto y vigencia plena de las libertades, la democracia se fortalece”.

Muy destacable por la coyuntura, ya que ayer la mayoría de los ministros de la Suprema Corte se manifestó en contra de limitar la libertad de expresión y avanzó en el estudio de las acciones de inconstitucionalidad en derecho de réplica, un asunto que suscita polémica.

En tal sentido, ambas señales dan esperanza en el ámbito de las garantías, por lo que se debe trabajar ya en múltiples renglones para no dejar cabos sueltos. El fin es que repercuta positivamente en el ejercicio de todos los demás derechos.

Desorbitado

A nivel nacional, de 2013 a la fecha se han registrado mil 900 casos de agresiones y abusos a periodistas, así como 26 desapariciones, sin que se haya castigado a los responsables, pues la violencia generalizada registra un 99.1% de impunidad, fueron cifras proporcionadas en el encuentro citado antes.

Lo del estado, por supuesto, no es un hecho aislado. Es hora de que se considere un “tema país” y no exageraciones de quienes dedican su vida a informar.