Se pronuncia Ombudsman por trato humano y respetuoso a las personas privadas de su libertad
Miércoles 30 Noviembre 2016
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<p><strong>CHETUMAL</strong>, <strong>Quintana</strong> <strong>Roo.</strong>- El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se pronunció por un trato humano y respetuoso a las personas privadas de su libertad, lo anterior en el marco de la presentación del Informe Especial de la supervisión a las once cárceles públicas municipales del estado de Quintana Roo, que alojan personas por la comisión de faltas administrativas y/o infracciones a los bandos de policía y gobierno municipal.</p>
<p>Acompañado los consejeros de dicho organismo, Alicia Pérez Rodríguez, Jorge Cámara González y Manuel Chejin, Sosa Guillén dio a conocer los principales resultados y emitió un pronunciamiento, en virtud de las problemáticas evidenciadas en el diagnóstico. </p>
<p>Este diagnóstico es un ejercicio que no se había realizado con anterioridad, pues únicamente se había revisado las cárceles que albergan personas por la comisión de un delito. Este diagnóstico fue elaborado mediante encuestas, entrevistas y recorridos a las instalaciones, por lo que se elaboraron indicadores tipo semáforos de alerta que demuestran si se encuentran “bien”, “requieren atención” o “requieren atención inmediata”, en rubros como Capacidad y población, Procedimiento de ingreso, egreso y registro de pertenencias, Situación jurídica y normatividad, Comunicación con el exterior, Estancia digna y segura, Atención médica, Integridad física y moral, Capacitación al personal, Grupos en situación de vulnerabilidad. </p>
<p>Las cárceles públicas revisadas fueron en Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y las dos cárceles preventivas en Benito Juárez (El “Torito” y la ubicada en la Zona Hotelera). </p>
<p>En algunas de estas instalaciones se advirtió que que no cumplen con los requisitos mínimos para proporcionar un trato humano y respetuoso a las personas que sean privadas de su libertad por la comisión de faltas y/o infracciones a los Bandos de Policía y Gobierno Municipales. Estos se refiere de manera general a la falta de alimentación a las personas detenidas durante las 36 horas de arresto; en otras no se proporciona la llamada para avisar a los familiares; en el caso específico de Bacalar no se cuenta con un Bando de Policía y Buen Gobierno, y en otras se ha tenido incidentes en donde se ha tenido a personas agredidas durante su arresto. Básicamente se ha encontrado que las condiciones en las que se encuentran, son violatorias de los Derechos Humanos a la vida, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la Protección de la Salud y al Trato Digno,</p>
<p>Ante ello el presidente de la Comisión expuso que por ningún motivo debe permitirse la desproporción entre la infracción cometida y la sanción impuesta. Es decir, si la sanción es un arresto, ésta no debe imponerse en condiciones inhumanas, crueles y/o degradantes. </p>
<p>Al respecto el ombudsman del estado emitió un pronunciamiento dirigido a los Ayuntamientos respectivos a fin de subsanar las deficiencias encontradas, como proporcionar alimentación adecuada durante las 36 horas de arresto, contar con traductores certificados, contar expedientes físicos o digitales al día, separación entre hombres y mujeres, así como adolescentes, realizar las valoraciones médicas correspondientes, contar con manuales de procedimientos y protocolos de seguridad, que los Jueces Calificadores o de Paz, acudan de manera frecuente a verificar el estado físico y vigilar el respeto y protección a los derechos humanos de los arrestados entre otros.</p>
