MÉXICO, RUMBO A LA DICTADURA Y CENTRALIZACIÓN DEL PODER

MÉXICO, RUMBO A LA DICTADURA Y CENTRALIZACIÓN DEL PODER

* Así queda de manifiesto durante el Congreso “Iniciativas de Reforma del Poder Judicial de la Federación” organizado por el Colegio de Abogados “Manuel Crescencio Rejón” 

* Magistradas y juezas demuestran su preocupación por la reforma presentada por el Ejecutivo Federal

CANCÚN, Q. ROO, 22 de agosto de 2024.- En palabras coincidentes, magistradas y juezas manifestaron su grave preocupación por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) presentada por el Ejecutivo Federal, en virtud de que de concretarse se corre el grave riesgo de perder la independencia judicial, desaparecer la carrera judicial y romper el equilibrio de poderes, porque, “no habrá contrapeso en la toma de decisiones en materia de impartición de justicia”.

Al participar en el Congreso “Iniciativas de Reforma del Poder Judicial de la Federación” organizado por el Colegio de Abogados “Manuel Crescencio Rejón” que preside la Licenciada Angélica Amaro, y realizada en la Universidad La Salle el pasado 17 de agosto, Ana Livia Sánchez Campos, Jueza de Distrito del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, aseveró que “con esto vamos a la pérdida de la independencia judicial, toda vez que lo que pretende esta reforma es que los jueces sean elegidos a través del voto popular, pero para que sean aspirantes y candidatos elegidos por el pueblo, primero van a ser propuestos, tanto por el Congreso de la Unión (Cámara de senadores y de diputados) pero también habrá propuestas del Poder Ejecutivo, entonces ellos son quienes realmente van a decidir quiénes van a ser esos candidatos o aspirantes a ser jueces o magistrados, lo que se entiende como una captura del Poder Judicial de la Federación para que ya no tenga independencia en la toma de decisiones, sobre todo si se toma en cuenta que el Poder Judicial, hasta estos momentos ha sido un contrapeso de las decisiones del Ejecutivo, entonces, como (al Ejecutivo) no se la ha dejado hacer lo que él quiera, porque hay cuestiones que no son a favor de la ciudadanía, de la sociedad, de los mexicanos, y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, ha declarado la inconstitucionalidad de esas leyes, al Presidente, que hasta hoy es Andrés Manuel López Obrador, no le ha gustado.

En este caso, explicó, la sociedad quedaría sin ser escuchada, sin tener una verdadera defensa en contra de las decisiones que tomen las autoridades, como lo hemos referido en la conferencia, el Juicio de Amparo está para defender a la sociedad de los actos de las autoridades, entonces, si ya no hay un Poder Judicial independiente ya no habrá mecanismos que la sociedad pueda utilizar para defenderse de las decisiones arbitrarias de las autoridades.

Por su parte, Selina Haidé Avante Juárez, Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con sede en Xalapa, Veracruz, consideró que esta reforma, como está trazada, “nos conduce a la dictadura, a un gobierno totalitario en el que el poder se centraliza en una sola persona, no se advierte un interés verdadero por mejorar la justicia federal, sino por centralizarlo en un solo poder y eso es inadmisible, el Poder Judicial está trabajando, está peleando, no por nosotros, sino por la independencia judicial, que es una garantía de todos los mexicanos, porque tienen derecho a tener jueces competentes, jueces independientes y autónomos.

Esto, agregó, tiene riesgos políticos, económicos, sociales y éticos a corto, mediano y largo plazo, esta reforma, si se aprueba como está, acaba con el estado de derecho, que es el sustento de un poder democrático. A corto plazo habrá jueces incompetentes y serviles a un grupo de poder, a mediano plazo, la caída de la economía de la sociedad y del estado de derecho, y largo plazo la dictadura.

Los más perjudicados van a ser los mexicanos, y dentro del grupo de los gobernados, los grupos más vulnerables, los más pobres, los indígenas; aquellos que tengan mecanismos a través de los cuales necesitan un apoyo, se van a ver más afectados porque esta es la tumba de los derechos humanos, si no hay un poder que los defienda, de nada sirve que estén contemplados en los tratados internacionales y la Constitución mexicana, no va haber forma de hacerlos valer si los jueces federales dejan de ser lo que son, porque un juez que trae consigna no es un juez verdadero, sino un títere del poder, indicó.

Evidentemente, dijo, esta pretensión es una burda falsificación de los intereses verdaderos de un estado de derecho, no podemos permitir que el nombramiento de nuestros jueces se convierta en una kermés, no se puede dejar a la suerte el futuro de un país, todos tenemos que comunicar, todos tenemos que actuar, y todos tenemos que apoyar al Poder Judicial, hay que defenderlo para que te defienda y para que defienda a México.

En tanto, Marisol Barajas Cruz, Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con sede en Xalapa, Veracruz, subrayó que “creo que esta reforma está hecha a base de ocurrencias, ya que al analizarlo a conciencia vamos descubriendo que no tiene ni pies ni cabeza, esta reforma judicial es absurda.

Agregó que ante este panorama, “tenemos que alzar la voz, no se puede seguir sosteniendo el discurso de que el pueblo quiere esto, ya que el pueblo, lo que realmente quiere es justicia, el pueblo quiere juicios más cortos, quiere justicia gratuita, jueces independientes, y esta (reforma) no es la solución, no se vale que te digan “estamos haciendo esto porque el pueblo lo quiere”.

Desgraciadamente, continuó, con esto se rompería el equilibrio de poderes, y como ha pasado en otros países, lo primero que hacen es debilitar al Poder Judicial porque hace las veces de órgano revisor de lo que hacen otras autoridades, entonces termina siendo incómodo, ¿qué es lo que hay que hacer?, debilitarlo para que no haya un contrapeso, para que no haya quien le diga que no al Poder (Ejecutivo), de ahí esta intención.

Sobre el tema, Roxana León Sánchez, Jueza del Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, coincidió en que la reforma conduce fundamentalmente a una falta de independencia judicial, es decir, los jueces ya no van a tener autonomía, ya no van a tener independencia, lo que significa que los derechos humanos van a estar en manos de juzgadores o de personas juzgadoras a modo, o sea, no va haber garantía del respeto a estos derechos.

Apuntó que la reforma Implica muchos riesgos porque el estado de derecho se verá totalmente perjudicado, al haber una centralización del poder.

Algo muy importante, añadió, es que las cuestiones políticas deben de permanecer ajenas a la institución judicial, las cuestiones políticas tendrán tareas, de ver el camino que el país va seguir, pero no se debe comprometer ni relacionar con el tema de los juzgadores, porque entonces hay una intromisión, y lo que se busca o lo que se pretende sería centralizar el poder, y esto es peligroso porque se atenta contra la independencia de las personas juzgadoras, lo que implica un detrimento y un retroceso a la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad.

Además, no es viable que una elección de juzgadores se lleve a cabo por el voto popular, esto no lo legitima, los juzgadores estamos legitimados porque hemos cursado a través de la carrera judicial, y esta carrera judicial está debidamente reglamentada en una ley que es reglamentaria de los preceptos constitucionales que establecen cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas juzgadoras.