Sistema Estatal Anticorrupción: Parto complicado

-Nació por fin en Quintana Roo, en un contexto de altísimas expectativas, muchas trabas y todo por demostrar-.

QUINTANA ROO, México.- A punto de agotarse la arena en el reloj que marcaba el tiempo límite, el Congreso de Quintana Roo aprobó el pasado 14 de julio el conjunto total de reformas constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción, que nace como subproducto del Sistema Nacional Anticorrupción diseñado por el gobierno federal y que entró en vigor desde el año pasado.

En la normativa constitucional federal se estableció que, a fin de coadyuvar en el combate a la corrupción, cada una de las entidades mexicanas tendría que conformar sus sistemas anticorrupción locales con un plazo fatal de un año, que culminaba el pasado 18 de julio de 2017.

En Quintana Roo los diputados de las diferentes bancadas empezaron a trabajar en el tema en diversos tiempos. Los primeros que presentaron iniciativas al respecto fueron los legisladores del PRI, quienes desde noviembre de 2016 ingresaron las primeras propuestas, tomando como bandera este tema nacido de la política peñanietista.

Pero con la convulsión política provocada por la alternancia en el gobierno del estado y en el control del propio poder legislativo, el asunto del Sistema Estatal Anticorrupción pasó a segundo término en la primera etapa de la XV Legislatura, y se retomó con fuerza hasta el segundo trimestre de 2017.

Con el cronómetro corriendo, la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana que preside la diputada panista Mayuli Martínez Simón, inició desde marzo a celebrar reuniones de trabajo con diversos sectores sociales para ir dando forma a la normativa anticorrupción local.

De manera simultánea las bancadas fueron ingresando sus iniciativas al respecto con las que se fue construyendo la norma local, aunque la voz cantante en todo el proceso lo llevó la bancada aliada del PAN-PRD, quienes asumieron la paternidad de las leyes nacientes por el protagonismo natural que les da el mantener el liderazgo en el Congreso y la presidencia de la Comisión Anticorrupción.

El periodo ordinario de sesiones que concluyó en junio fue insuficiente para culminar la gestación de las reformas anticorrupción, y ante la urgencia el Congreso convocó a un periodo extraordinario de sesiones de manera inmediata para cumplir con la tarea dentro de los tiempos legales.

Así, finalmente el 14 de julio fueron aprobadas las reformas constitucionales que dieron luz al sistema local de combate a la corrupción, y una semana después, el 20 de julio, se dio el visto bueno a las leyes secundarias del Sistema que entró en vigor formalmente en ese mes.

LO QUE SIGUE

Pero ¿qué conlleva en lo inmediato la implementación de este mecanismo? De entrada, la instalación de una Fiscalía Anticorrupción que dependerá de la Fiscalía estatal, pero con independencia en su desempeño, que se encargará de dar atención a las denuncias y seguimiento a las auditorías a dependencias y organismos públicos en tiempo real.

El nombramiento del fiscal dependerá del fiscal General del Estado, quien enviará una terna de propuestas al Congreso que tendrá la última palabra. También será responsabilidad del Poder Legislativo la conformación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco miembros de la sociedad civil, quienes fungirán como un órgano rector del Sistema Anticorrupción.

Con el esqueleto jurídico del sistema armado y aprobado, y la estructura burocrática en camino de establecerse, la medición de resultados del combate a la corrupción en el estado empezará en los próximos meses, una vez que las leyes secundarias hayan aterrizado en la práctica.

Es hasta entonces cuando se comprobará la eficiencia de este sistema de leyes que, en el papel, se anticipa como un paso prometedor contra el cáncer de corrupción que corroe en gobiernos y dependencias públicas, pero que podría convertirse en un ente inoperante, carente de vida, si se promueve la simulación.

El reto a vencer en la ejecución de la norma anticorrupción será el de proveer las facultades y alcances necesarios para una operación autónoma, alejada de la presión gubernamental ya que esto puede terminar por ahogar las buenas intenciones.

Y es justo en ese punto donde los ciudadanos mantienen la incertidumbre sobre la eficacia de este organismo, ya que de entrada el fiscal anticorrupción, los miembros del Comité de Participación Ciudadana y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, son nombrados por el Congreso del Estado a partir de propuestas de partidos políticos o funcionarios.

Esos lazos políticos o de dependencia administrativa, como es el caso del Fiscal Anticorrupción con la Fiscalía General del Estado, pueden convertirse en los principales obstáculos para lograr un combate decidido y eficiente contra la corrupción, que es el objetivo deseado.

Por esa circunstancia que ha sido la lápida de organismos nacidos con la idea de ciudadanizar el gobierno, como el Instituto de Transparencia (hoy Idaipqroo), la Comisión de Derechos Humanos y hasta los propios institutos electorales, es necesario la vigilancia e injerencia constante de agrupaciones y miembros de la sociedad civil en los procesos de constitución de cada uno de los entes del sistema, y en el desarrollo de sus funciones.

Sobre esto, el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, admitió que la tarea no está completa, y lograr el objetivo no es un asunto del gobierno, o del Congreso, sino una responsabilidad de todos.

“Las leyes por sí mismas no son garantía de resultados. Se requiere de un compromiso real y personal de quienes están en puestos públicos, independientemente de su cargo o jerarquía, por ello la sociedad nos demandó un cambio y a ello estamos dedicados”, declaró.

Las expectativas sobre este sistema anticorrupción son elevadas, particularmente en Quintana Roo, que según datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2016, es el estado más corrupto del país.

De acuerdo con la estadística del Inegi, durante el 2016, 2 mil 77 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites en Quintana Roo experimentaron al menos un acto de corrupción, lo cual colocó a la entidad en el vergonzoso liderazgo, seguida de Tlaxcala con 2 mil 19, Morelos con mil 835, Estado de México con mil 663 y Puebla con mil 551, mientras que a nivel nacional el promedio de actos de corrupción por cada 10 mil unidades fue de solo 561.

Con esas cifras de pesadilla, las esperanzas de desarrollo económico y de verdadero progreso en nuestro estado tienen como pilar un combate más eficiente a la corrupción a través de estas herramientas de ley que aún serán puestas a prueba, con todo por demostrar.