2018: NUEVAS Y NO TAN NUEVAS REGLAS DEL JUEGO

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El punto central de la reforma es el fortalecimiento de la participación ciudadana y la posibilidad de competir con “piso parejo” para los independientes.

Se establecieron plebiscito, referéndum, consulta popular e iniciativa ciudadana como herramientas de participación –individual o colectiva- en asuntos políticos.

Otro de los puntos principales de las nuevas leyes es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos estatales.

En vigor, una serie de propuestas novedosas en la reglamentación estatal que dejarán sentir sus efectos en las próximas elecciones.

Anwar Moguel

Con el tiempo límite a punto de expirar el Congreso local logró los acuerdos necesarios entre las distintas bancadas para aprobar la reforma político electoral de Quintana Roo, en la que se contempla una serie de propuestas novedosas en la reglamentación estatal que dejarán sentir sus efectos en las próximas elecciones de 2018.
El camino para construir la nueva reforma inició meses atrás, con la recepción de propuestas de partidos, ciudadanos y organismos, aunque se aceleró en los últimos dos meses conforme se aproximaba la fecha fatal para su aprobación.
Sobre la mesa de discusión se barajaron un sinnúmero de propuestas, aunque las que cobraron mayor relevancia desde el principio fueron aquellas destinadas a facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos, ampliando las oportunidades para los candidatos independientes.
Finalmente, el paquete de reformas a la constitución local concentrado en una única norma, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue aprobado por el pleno de la XV Legislatura el 13 de septiembre y avalada unos días después por la mayoría de los Ayuntamientos municipales, consolidando su entrada en vigor a partir de ese mes.
El punto central de la reforma fue, como se mencionó anteriormente, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la posibilidad de competir con “piso parejo” para los candidatos independientes, además de normar herramientas democráticas que hasta ahora no eran contempladas en la Constitución estatal.
Como resultado, se facilitó el acceso a las candidaturas independientes al reducir el porcentaje de firmas ciudadanas de respaldo requeridas del 2 al 1.5 por ciento del padrón electoral para la posición que se contienda. De igual manera se otorgó la posibilidad de que los candidatos independientes a presidencias municipales y sus planillas tengan acceso a regidurías plurinominales en las mismas condiciones que los partidos, es decir, si logran superar la barrera del 3 por ciento de votos recibidos.
Esta reglamentación fue bien recibida por organizaciones civiles y asociaciones políticas, las cuales ven la posibilidad de tener una mejor representación desde los cabildos, aún si no logran el triunfo en las urnas.
Por otra parte, se establecieron en la ley las figuras del plebiscito, referéndum, la consulta popular y la iniciativa ciudadana como herramientas de participación ciudadana en los asuntos políticos, las cuales podrán ser presentadas por ciudadanos a título personal o agrupaciones de la sociedad civil, ya que se eliminó el requisito de presentar firmas de apoyo equivalentes al 2.5 por ciento del padrón electoral estatal, es decir, alrededor de 29 mil firmas ciudadanas.
Claro está, que aunque la ley abre la puerta a que los ciudadanos extiendan sus solicitudes para realizar plebiscitos o referéndums, o para realizar alguna iniciativa de ley, la aprobación de las mismas estará en manos de los diputados locales, por lo que la eficiencia de estas herramientas para estimular la participación civil en los asuntos políticos aún tendrá que ser medida y valorada.
Otro de los puntos principales de las nuevas leyes electorales es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos estatales mediante una nueva fórmula matemática que, según los cálculos de los legisladores, podría disminuir hasta en un 35 por ciento las millonarias prerrogativas de los partidos.
La nueva norma establece que el presupuesto mínimo se asignará multiplicando el 65 por ciento del valor diario UMA por el 65 por ciento del listado nominal o por la votación válida emitida en la elección de diputados inmediata anterior, lo que resulte mayor en su caso.
La idea es que si los partidos quieren aumentar sus prerrogativas, tendrán que realizar más trabajo de campo para superar, en conjunto, el 65 por ciento de votación efectiva en las urnas, de lo contrario sus recursos garantizados serán 35 por ciento menores a lo que reciben en la actualidad.
En un estado donde el índice de abstencionismo histórico es mayor al 50 por ciento, esta nueva regla es una interesante apuesta para fomentar la participación social en las votaciones y disminuir, al mismo tiempo, el gasto público en partidos.
Sin embargo esta reducción presupuestal no tendrá efectos inmediatos, pues el Instituto Electoral de Quintana Roo advirtió la existencia de un artículo transitorio que establece que la nueva fórmula será aplicada hasta el 2020, mientras que en 2018 y 2019 los recursos serán asignados con la fórmula anterior.
Esto quiere decir que los partidos políticos no perderán ningún poder económico para las elecciones de 2018, a la que llegarán con sus alforjas intactas, mientras que el ahorro prometido se verá hasta dentro de dos años.
También se cambió la fórmula para el reparto de las diputaciones plurinominales, las cuales serán repartidas en dos vertientes: la mitad de los lugares para candidatos plurinominales propuestos por los partidos -las tradicionales listas de pluris- y la otra mitad para los candidatos de mayoría perdedores en las urnas, pero que hayan alcanzado la mayor votación en sus respectivos partidos.
En cuanto a las cuestiones de equidad de género, como era previsible se aprobó la paridad en la entrega de candidaturas de manera horizontal y vertical, es decir, que los partidos están obligados a entregar la mitad de los espacios de elección en las planillas para los ayuntamientos a mujeres, pero también al menos la mitad de las candidaturas a presidencias municipales en el 2018.
Y para entrar en la tendencia de la representatividad obligatoria, también la nueva ley obliga a los partidos a ceder una candidatura a regiduría a un o una joven menor de 30 años de edad, para que este sector poblacional tenga garantizada su representatividad en los cabildos.
Con este panorama, los partidos políticos tendrán mucho trabajo por delante para ajustar sus planillas de candidatos a las 11 presidencias municipales en disputa.

LA REELECCIÓN
Otro tema que los partidos tendrán que analizar con sumo cuidado es el de la reelección de los alcaldes, quienes de acuerdo a la ley tendrán la posibilidad de participar en las campañas sin solicitar licencia al cargo, aunque esto puede ser contraproducente para sus fines políticos.
Y es que los alcaldes que decidan competir y mantenerse al frente de los ayuntamientos correrán el gran riesgo de levantar sospechas de mal uso de recursos públicos para sus campañas, además de que correrán en desventaja contra sus rivales, pues al no solicitar licencia la ley lo obliga a cumplir con sus responsabilidades laborales, limitando su tiempo para realizar proselitismo.
La decisión, estará en manos de los propios alcaldes y sus partidos.

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EL CRONOGRAMA
Inicio formal del proceso electoral local 2018: entre el 15 y el 20 de diciembre
Periodo de precampañas: 3 de enero al 1 de febrero de 2018
Registro de candidatos: 1 al 10 de abril de 2018
Campañas electorales: 14 de abril al 27 de junio (45 días contados)
Proceso electoral: domingo 1 de julio (no se descarta aún adelantarlo al 3 de junio)

Elecciones concurrentes:

Se aprobó adelantar el proceso electoral local para elección de diputados del 2025 para el 2024, a fin de hacerla concurrente con la elección federal presidencial de ese año, por lo que los diputados electos en el 2022 tendrán un período recortado de dos años, del 3 de septiembre de 2022 al 2 de septiembre de 2024.
Se aprobó adelantar el proceso de elección local a la gubernatura del 2028 al 2027, a fin de hacerla concurrente con la elección de diputados federales de 2027. Por tal motivo el sucesor de Carlos Joaquín en 2022 tendrá un período recortado de cinco años, del 25 de septiembre de 2022, al 24 de septiembre de 2027.